“Todo es mucho más pesado para quienes tienen menos capacidad económica”
Si bien las denuncias y casos atraviesan a todas las clases sociales y la línea divisoria desaparece, a los sectores más vulnerables se les presentan dificultades y desafíos a sortear para acceder a la Justicia y a la contención.
En San Luis 2023 fueron radicadas 459 denuncias vinculadas a delitos contra la integridad sexual, según daros del ministerio de Justicia de la Nación. Pero detrás de los fríos números y estadísticas se encuentra una realidad con una gama de matices que impactan en la vida de la víctima.
La integrante de la agrupación Lelikenun y activista social, Cecilia Bertevide explicó cómo abordan los casos que llegan, las políticas de Estado “insuficientes”, el soporte que hacen desde las organizaciones, la respuesta de la Justicia y los cambios culturales que observa en los últimos años en la sociedad.
Una de las distinciones más importantes que hizo en declaraciones a El Chorrillero fue que, más allá de que las denuncias atraviesan a todos los niveles sociales, los sectores más vulnerables se encuentran con una serie de trabas e impedimentos para ser contenidos en la búsqueda de respuestas por parte del Estado en general.
“Los abusos son transversales, no es algo privativo solo de una clase social. Pero quien tiene mínimamente ingresos puede tener alguna contención más que otros no, sea con abogados o psicólogos, por ejemplo. Hay personas que deben esperar mes y medio o dos meses, para tener turnos en centros de salud para recibir asistencia. Es tiempo, gastos, hijos que tienen que cuidar, hay todo un mundo que se va articulando para que sea más difícil para quien no tiene nada o quien menos tiene”, sostuvo.
Otro dato que surge es que, del total de las denuncias en la provincia, 397 son por violaciones y las 52 restantes pertenecen a “otros delitos contra la integridad sexual”.
La cifra es más alta en relación a periodos anteriores, sobre todo hace casi una década atrás. Por ejemplo, durante 2016 fueron registradas 164 víctimas en San Luis.
“En estos 10 años hubo ciertos avances en políticas para la prevención, pero se estancaron y no son suficientes. Perdimos una oportunidad importante. Si veníamos de políticas muy tibias que no alcanzaban para nada, hoy vamos a contramano”, sostuvo.
A modo de ejemplo, precisó que este año desde Nación cerraron un gabinete de acompañamiento de víctimas que contaba con tres profesionales. Actualmente “es un poco más difícil”.
Las denuncias por abusos sexuales subieron en la última década. (Foto: Aldo Marchiaro).
La implantación de la Ley de Educación Sexual fue un paso, pero “no alcanzó” para Bertevide. Es por eso que vela por la incorporación de mayores políticas estatales.
Uno de los aspectos con el que se topa la víctima de bajos recursos es el seguimiento de la causa: “Si no tiene patrocinador legal es mucho más difícil”.
“Es mucho más pesada la mochila para quienes tienen menos capacidad económica. De todas formas, las personas que por ahí sí tienen posibilidad de pagarse un abogado, una psicóloga, muchas veces se topan con otros impedimentos como con la mora judicial”, dijo.
La decisión de hacer la exposición y afrontar el proceso también implica una decisión vital para las víctimas: “Es atravesada por los sentimientos como el dolor, la tristeza, la culpa, la rabia. A veces nunca se hacen las denuncias. Otras son de hace 10, 15, 20 años atrás. Cada persona habla cuando puede, no cuando quiere. Son situaciones sumamente complejas con las que debe lidiar”.
Bertevide desde hace años trabaja junto a la organización con el propósito de ayudar y acompañar a las víctimas que sufren este tipo de delitos, pero también provee contención a mujeres que sufren violencia de género.
Incluso, de forma permanente, participa en proyectos de extensión en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) que buscan profundizar las investigaciones de estas temáticas.
Por otra parte, mencionó como en la actualidad existe un recorte en las políticas públicas a nivel nacional que terminan impactando en el acceso y acompañamiento a las víctimas. “Durante los últimos años funcionaron muchas cosas mal, las señalábamos. Pero cuando antes había una delegación gubernamental con tres profesionales de acompañamiento al menos, hoy no hay nada”, dijo.
Para terminar, Bertevide señaló que observa cambios positivos en la sociedad: “Entendemos que sí hay un avance en la población. Hay más conciencia sobre qué cuestiones son violentas”.
“Lo que veo es que más empatía con el dolor de la persona que está siendo violentada o abusada. Lo observo incluso en las redes sociales. Cuando aparece algún caso en los medios, los comentarios abajo ya no son los mismos que hace diez años. O sea, no agreden a la mujer y ya no descreen tanto de su palabra cuando sale a hacer alguna denuncia”, finalizó.